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La necesidad de "apurar el tranco" con la materialización del Laboratorio Regional de Alerta Temprana y reactivar la mesa intersectorial de Marea Roja, planteó hoy el diputado de la comisión Pesca Bernardo Berger (RN)

En un oficio dirigido hoy al titular de Salud Emilio Santelices, Berger mostró su preocupación por la demora que ha tenido el proyecto de Laboratorio y pidió a esa cartera un informe detallado del estado de la iniciativa

El Laboratorio de Marea Roja fue comprometido en 2016 gracias a gestiones del parlamentario RN junto al intendente de la época y dirigentes de Fipasur. Al poco andar se le asignó terreno en la Isla Teja y recursos para diseño "pero al día de hoy aún no hemos recibido informe de avances, ni novedades, ni resultados, no al menos a la vista, y creo que es importante apurar el tranco", dijo el legislador.

En la actualidad el análisis y confirmación de muestras lo hace directamente el Instituto de Salud Pública (ISP), en Santiago, lo que a juicio de Berger significa una excesiva espera y un riesgo para la seguridad sanitaria de la población.

"La salud y la seguridad sanitaria de nuestra población, así como el recurso marino, requieren un trato preferente y urgente, que se traduce en normativa y orgánica efectiva, pero sobre todo en vigilancia eficaz y en investigación constante. Entonces, necesidad de garantizar la sustentabilidad de los recursos obliga a extremar las medidas de protección, más ante episodios que la propia naturaleza nos impone", añadió.

Mesa regional de Marea Roja

El parlamentario por Los Ríos, también ofició esta mañana al intendente Regional, al director zonal de Pesca y la seremi de salud de la misma región, para solicitar que se reactive la Mesa Regional de Marea Roja, cuya última sesión fue hace tres años, en 2016.

Además, solicitó que informe en cabalidad la situación actual de toxicidad en que se encuentra la Bahía de Corral, así como las medidas de prevención y contención que se están efectuando actualmente.

"Esta mesa se constituyó a solicitud de los parlamentarios, la autoridad sanitaria y las federaciones pesqueras, y había un compromiso de mantenerla como un órgano permanente de comunicación y control, dada la situación recurrente de marea roja y otras toxinas en la costa Valdiviana, especialmente en la actual época del año; ello al día de hoy no se está cumpliendo", sentenció.

El Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados revisó las normas publicadas durante el periodo marzo 2012 - marzo 2017 y detectó que 17 leyes no cuentan con su reglamento respectivo, pese a que en algunos casos el Parlamentos fijara incluso plazos perentorios.

Desde hacía tiempo que legisladoras/es de diversas bancadas acusaban el incumplimiento desde el Ejecutivo de la dictación de los reglamentos de algunos proyectos aprobados por el Congreso Nacional y publicados como ley de la República, sin embargo no existía un informe específico que diera cuenta de la situación.

Frente a dicho escenario, se encomendó un estudio al Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados que diera cuenta, en forma específica y cuantitativa, del nivel de cumplimiento de este deber normativo de la autoridad administrativa.

El presidente del Comité que lidera el citado Departamento, diputado Pablo Lorenzini (DC), expuso entregó esta semana ante la Sala de la Corporación, el informe con los principales resultados del análisis efectuado, que incluyó el periodo marzo 2012 - marzo 2017.

Se informó que durante los cinco años que tomó la evaluación, 44 leyes mandataron la dictación de un reglamento; 10 buscaban modificar uno ya existente; y dos contemplaban ambas opciones.

"Del total de normas que mandatan crear y modificar reglamentos, las que corresponden a 56 leyes durante el periodo revisado, 17 no cuentan con un reglamento publicado. De estas, cinco señalan un plazo fijo para ello, mientras que doce no lo establece", concluyó el estudio.

El Departamento, asimismo, determinó una serie de situaciones que podrían afectar la aplicabilidad de las normas y distorsionar el espíritu de la ley por desconocimiento o por los lineamientos adicionados por el gobierno de turno a saber: ausencia del reglamento de ejecución; falta de modificación de uno preexistente; e inconsistencia entre el contenido del mismo y su ley respectiva.

Como recomendación, el organismo asesor propone mejorar la técnica legislativa, delimitando en la norma la materia que deberá ser regulada por el reglamento, disminuyendo así el margen de interpretación por parte del Poder Ejecutivo.

Además, se plantea establecer un método de fiscalización cuantitativo y, posteriormente, cualitativo de los reglamentos; y contar con un sistema más simple y amigable de acceso a los reglamentos.

Este lunes 04 de marzo, la Corte Suprema determinó que la empresa Camanchaca S.A. deberá pagar una multa de mil UTM tras confirmarse la presencia de residuos sólidos derivados de la actividad acuícola en el Lago Llanquihue.

El fallo, considerado histórico, cierra un proceso que comenzó el 2016 con una inspección conjunta del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y la Autoridad Marítima.

El 19 de agosto del 2016 se realizó una fiscalización interinstitucional de Sernapesca Los Lagos y efectivos de la Capitanía de Puerto de la capital regional en el lago Llanquihue. Con el apoyo de un robot subacuático (ROV) pudieron constatar la presencia de residuos propios de la actividad acuícola bajo los módulos de cultivo de la empresa sancionada.

En las imágenes obtenidas en esa fiscalización, se observó la presencia de contrapesos de cemento, neumáticos, mallas, bidones plásticos, cañerías plásticas e incluso una chaqueta para agua color naranja, entre muchos otros residuos. Por lo anterior, Sernapesca Los Lagos presentó una denuncia al Juzgado de Letras de Puerto Varas, por vertimiento de residuos sólidos y no mantención de limpieza del área concesionada, obligación que impone el artículo 74 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, el cual dispone expresamente: "La mantención de la limpieza y del equilibrio ecológico de la zona concedida, cuya alteración tenga como causa la actividad acuícola será responsabilidad del concesionario, de conformidad con los reglamentos que se dicten."

En primera instancia, en junio del 2018 el Juzgado de Letras de Puerto Varas dictó sentencia condenatoria de 1000 UTM ($48.353.000) para Camanchaca S.A., por incumplimiento de su obligación, y de 100 UTM ($4.835.300) para Álvaro Poblete, gerente y representante legal de la empresa. Esta sentencia fue posteriormente confirmada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, tras lo cual la empresa solicitó la anulación de la sentencia en la Corte Suprema, lo cual fue rechazado este lunes en el fallo definitivo.

Junto con valorar el fallo, el Director Regional de Sernapesca Los Lagos, Eduardo Aguilera, manifestó la importancia de contar con tecnología de apoyo para realizar fiscalizaciones en fondos marinos y de aguas continentales "La Corte Suprema ha tenido en mérito los antecedentes de la investigación y de las pruebas aportadas, obtenidas utilizando uno de los medios tecnológicos con los que cuenta Sernapesca Los Lagos, en este caso un ROV, que nos permitió poder aportar la información mediante pruebas fotográficas de los hallazgos en el fondo del lago en el sector de la concesión".

Por su parte, la Directora Nacional de Sernapesca, Alicia Gallardo, felicitó al equipo fiscalizador regional, y realizó un llamado a los acuicultores a ser responsables en la actividad que realizan, respetando la normativa ambiental, la que señala expresamente que los centros de cultivo deben adoptar medidas para impedir que residuos y desechos sólidos o líquidos afecten el fondo marino, columna de agua, playas y terrenos aledaños.

"Quiero enfatizar que los acuicultores en este país tienen una estricta reglamentación ambiental, y deben preocuparse de mantener la limpieza y el equilibrio ecológico bajo las áreas de cultivo, así como en las playas y áreas aledañas a ellas", concluyó la autoridad.

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