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En Septiembre estará prohibida la captura, comercialización, transporte, procesamiento, elaboración y almacenamiento de esta especie y de sus derivados.

Durante el mes de septiembre, la merluza común -conocida popularmente como pescada"- permanecerá en veda biológica, en todo el territorio nacional.

La medida de administración, decretada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), prohíbe por treinta días la extracción y venta mayorista o minorista del recurso en estado fresco.

De esta forma, se busca proteger la fase de mayor actividad reproductiva del recurso, asegurando la renovación de la población con la incorporación de nuevos ejemplares (reclutas).

Esta veda coincide con la de crustáceos demersales (camarón nailon, gamba, langostino amarillo y langostino colorado), dado que estas pesquerías, en su proceso de extracción, tienen como fauna acompañante a la merluza común.

Durante este periodo se encuentra prohibida la captura, comercialización, transporte, procesamiento, elaboración y almacenamiento de la especie y de los productos derivados de ella.

"El Presidente Sebastián Piñera nos ha dado la instrucción de promover un esfuerzo pesquero sustentable", subrayó el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme.

Ochocientos trece pescadores artesanales de doce regiones del país accedieron a cupos para capturar jibia, en el marco de un proceso dispuesto por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

De esa manera, todos los pescadores interesados en operar sobre el molusco y que cumplían con los requisitos establecidos por la norma (Res. Ex. 1738/2018) lograron una vacante.

"El Presidente Sebastián Piñera nos ha dado la instrucción de promover un esfuerzo pesquero sustentable. En ese marco, se llevó adelante una depuración del registro pesquero artesanal de la jibia. Ese proceso liberó más de 800 cupos para la captura de ese recurso, los que se distribuyeron entre pescadores de diversas regiones. A todos los pescadores que estaban en lista de espera y cumplían con los requisitos establecidos por la norma, se les asignó un cupo de captura", destacó el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme.

El surgimiento de las vacantes y las asignaciones de cupos se dieron en el marco de un proceso que tuvo dos fases. En la primera de ellas se otorgaron 656 cupos, mientras que en la segunda se distribuyeron 157.

Así, 813 pescadores accedieron a una vacante, a nivel nacional. Los cupos se originaron principalmente en caducidades, resueltos conforme a la ley.

Las cuatro regiones donde más vacantes se asignaron, a partir del número de pescadores que estaban en lista de espera y cumplían con los requisitos, fueron: Biobío (369), Los Ríos (101), Coquimbo (82) y Los Lagos (66).

La medida no implica de manera alguna que estas asignaciones vayan a dejar sin cupos a pescadores de otras regiones del país, que actualmente operan sobre el recurso.

(VEA AQUÍ RESOLUCIÓN)

"El llamado a la opinión pública es a la tranquilidad. Con el congelamiento de la huella de arrastre no hay afectación de ningún empleo", planteó Eduardo Riquelme.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, descartó que la decisión gubernamental de congelar la pesca de arrastre en las aguas nacionales impacte negativamente sobre el empleo del sector.

"El llamado a la opinión pública es a la tranquilidad. Con el congelamiento de la huella de arrastre no hay afectación de ningún empleo", aclaró la autoridad.

De este modo, el subsecretario salió el paso de una versión difundida por Sonapesca, en cuanto que la iniciativa provocaría pérdida de puestos de trabajo.

"El llamado a la industria es a no desinformar ni a generar alarma en un proceso en el que han participado ellos (como gremio, junto a otros actores)", detalló Riquelme.

En la práctica, el congelamiento implica mantener circunscrito el empleo de la pesca de arrastre en un área equivalente al 2% de las aguas nacionales.

"Impediremos el desarrollo del arrastre en un lugar distinto de aquel donde actualmente se está realizando. Dicho de otro modo, congelaremos el arrastre para que solo pueda seguir efectuándose en un área muy acotada, que representa el 2% del mar patrimonial. Esa área de 2% no crecerá, nunca equivaldrá a más del 2%", detalló en su momento el subsecretario.

De esa manera, en el 98% del mar nacional quedará prohibida la pesca de arrastre, sistema que suele ser objeto de controversias, tanto en Chile como en el extranjero.

"Nos parece muy importante, como autoridad, dar esta señal pública, en torno a que la restricción del lugar donde se realiza el arrastre será impuesta por una decisión administrativa", planteó Riquelme.

El subsecretario advirtió, sin embargo, que -en razón de factores climáticos, por ejemplo-, podría considerarse una flexibilidad, respecto del emplazamiento de esa área equivalente al 2%, sin que lo anterior implique expandir ese guarismo.

"Atendemos la recomendación de la FAO, en el sentido de avanzar paulatinamente en el reemplazo del mecanismo del arrastre, en la medida de que haya tecnologías alternativas para llevar adelante determinadas faenas pesqueras", agregó.

Riquelme previno que si bien las mallas para arrastre se han perfeccionado para evitar que ejemplares más pequeños queden atrapados, se trata de "un arte de pesca no selectivo".

La autoridad adelantó que el Gobierno dictará el congelamiento de la huella de arrastre, una vez que se hayan pronunciado los consejos zonales de pesca.

Hacia septiembre, y después de que se recabe la opinión de esos cuerpos, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura quedará en condiciones de materializar la iniciativa

Esos consejos están integrados por los directores zonales de Subpesca y representantes de los sectores artesanal e industrial, entre otros.

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