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Estudio se ejecutará en un plazo de tres años y busca establecer un Área Marítima Protegida para el resguardo de especies marinas y la promoción del desarrollo económico sustentable

El cuerpo colegiado del Consejo Regional de Los Ríos aprobó $175 millones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para la ejecución de un estudio que permitirá establecer el manejo y gestión del espacio marino costero de la Región de Los Ríos. Los recursos serán traspasados a la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP) para la contratación de una consultoría, que llevará a cabo el estudio.

La iniciativa nació a raíz de la falta de protección formal de este ecosistema y su biodiversidad, la carencia de planificación para la conservación marina y estudios científicos para implementar correctamente figuras de protección, parques y reservas, que incorporen además el manejo pesquero. También porque existe una escasa coordinación y articulación entre los actores claves y porque no existe una visión de desarrollo a largo plazo.

La Consejera Regional, Sylvia Yunge expresó que, "estos son fondos que nosotros traspasamos a la Corporación Regional de Desarrollo Productivo con el objeto de conocer qué especies tenemos en nuestra región y de esa manera proteger y no sobre explotar nuestros recursos. Nos pone muy contentos iniciar acciones que en el futuro, permitirán proteger nuestro borde costero y de esa misma forma ayudar a impulsar actividades económicas de forma sustentable".

En la misma línea, el Consejero Regional Héctor Pacheco dijo que, "como Consejo Regional de Los Ríos nos hemos planteado poder impulsar un desarrollo territorial compatible con nuestro medioambiente, es por ello que financiamos este estudio, el cual permitirá identificar la riqueza de nuestro mar, proteger nuestro borde costero y sus ecosistemas, así como también propiciar el desarrollo de actividades económicas sustentables, a través de planes de manejo".

Área Marina Protegida

Un Área Marina Protegida (AMP) es un espacio marino, costero, específico y delimitado, reconocido legalmente con la finalidad de asegurar la preservación y conservación de la biodiversidad marina, así como la protección del patrimonio natural, cultural y del valor paisajístico contenidos en dicho espacio.

La importancia de contar con un Área Marina Protegida radica en la protección de especies únicas, mantención y recuperación de pesquerías, oportunidades de turismo y desarrollo sustentable de comunidades costeras.

En Chile las Áreas Marinas Protegidas, se encuentran ubicadas principalmente en la zona central del país, es por ello que se pretende potenciar un área marítima protegida posiblemente en el horizonte costero de Chaihuín.

El gerente de la CRDP, Ángel Beroiza explicó que, "el desarrollo de este estudio implica un proceso altamente participativo, ya que el objetivo final es generar un ordenamiento del maritorio en la zona de Chaihuin, lugar donde además existe una importante concentración de proyectos de conservación público-privados, pero que no se extienden al mar. Este ordenamiento permitirá identificar y proteger zonas de reproducción, las cuales son de vital importancia para la sustentabilidad y productividad de las AMERB, otras zonas que podrían tener potencial, como por ejemplo, para uso turístico y zonas de protección. Esperamos encaminarnos hacia la protección de una porción de nuestro mar, que obedecerá a las necesidades de los actores locales, donde destacan pescadores artesanales y sindicatos".

Se espera desarrollar un levantamiento de información clave, que permita desarrollar una línea base en aspectos biológicos, sociales, culturales, económicos, medioambientales del espacio costero- marino de la Región de Los Ríos; generar una propuesta de AMP para la Región, basado en el levantamiento de información.

Además se pretende elaborar un plan de conservación, expediente técnico y tramitación de solicitud de la AMP, un plan de manejo, plan de uso público, plan operativo, modelo de gestión y gobernanza para su posterior fase de implementación.

La necesidad de "apurar el tranco" con la materialización del Laboratorio Regional de Alerta Temprana y reactivar la mesa intersectorial de Marea Roja, planteó hoy el diputado de la comisión Pesca Bernardo Berger (RN)

En un oficio dirigido hoy al titular de Salud Emilio Santelices, Berger mostró su preocupación por la demora que ha tenido el proyecto de Laboratorio y pidió a esa cartera un informe detallado del estado de la iniciativa

El Laboratorio de Marea Roja fue comprometido en 2016 gracias a gestiones del parlamentario RN junto al intendente de la época y dirigentes de Fipasur. Al poco andar se le asignó terreno en la Isla Teja y recursos para diseño "pero al día de hoy aún no hemos recibido informe de avances, ni novedades, ni resultados, no al menos a la vista, y creo que es importante apurar el tranco", dijo el legislador.

En la actualidad el análisis y confirmación de muestras lo hace directamente el Instituto de Salud Pública (ISP), en Santiago, lo que a juicio de Berger significa una excesiva espera y un riesgo para la seguridad sanitaria de la población.

"La salud y la seguridad sanitaria de nuestra población, así como el recurso marino, requieren un trato preferente y urgente, que se traduce en normativa y orgánica efectiva, pero sobre todo en vigilancia eficaz y en investigación constante. Entonces, necesidad de garantizar la sustentabilidad de los recursos obliga a extremar las medidas de protección, más ante episodios que la propia naturaleza nos impone", añadió.

Mesa regional de Marea Roja

El parlamentario por Los Ríos, también ofició esta mañana al intendente Regional, al director zonal de Pesca y la seremi de salud de la misma región, para solicitar que se reactive la Mesa Regional de Marea Roja, cuya última sesión fue hace tres años, en 2016.

Además, solicitó que informe en cabalidad la situación actual de toxicidad en que se encuentra la Bahía de Corral, así como las medidas de prevención y contención que se están efectuando actualmente.

"Esta mesa se constituyó a solicitud de los parlamentarios, la autoridad sanitaria y las federaciones pesqueras, y había un compromiso de mantenerla como un órgano permanente de comunicación y control, dada la situación recurrente de marea roja y otras toxinas en la costa Valdiviana, especialmente en la actual época del año; ello al día de hoy no se está cumpliendo", sentenció.

El Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados revisó las normas publicadas durante el periodo marzo 2012 - marzo 2017 y detectó que 17 leyes no cuentan con su reglamento respectivo, pese a que en algunos casos el Parlamentos fijara incluso plazos perentorios.

Desde hacía tiempo que legisladoras/es de diversas bancadas acusaban el incumplimiento desde el Ejecutivo de la dictación de los reglamentos de algunos proyectos aprobados por el Congreso Nacional y publicados como ley de la República, sin embargo no existía un informe específico que diera cuenta de la situación.

Frente a dicho escenario, se encomendó un estudio al Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados que diera cuenta, en forma específica y cuantitativa, del nivel de cumplimiento de este deber normativo de la autoridad administrativa.

El presidente del Comité que lidera el citado Departamento, diputado Pablo Lorenzini (DC), expuso entregó esta semana ante la Sala de la Corporación, el informe con los principales resultados del análisis efectuado, que incluyó el periodo marzo 2012 - marzo 2017.

Se informó que durante los cinco años que tomó la evaluación, 44 leyes mandataron la dictación de un reglamento; 10 buscaban modificar uno ya existente; y dos contemplaban ambas opciones.

"Del total de normas que mandatan crear y modificar reglamentos, las que corresponden a 56 leyes durante el periodo revisado, 17 no cuentan con un reglamento publicado. De estas, cinco señalan un plazo fijo para ello, mientras que doce no lo establece", concluyó el estudio.

El Departamento, asimismo, determinó una serie de situaciones que podrían afectar la aplicabilidad de las normas y distorsionar el espíritu de la ley por desconocimiento o por los lineamientos adicionados por el gobierno de turno a saber: ausencia del reglamento de ejecución; falta de modificación de uno preexistente; e inconsistencia entre el contenido del mismo y su ley respectiva.

Como recomendación, el organismo asesor propone mejorar la técnica legislativa, delimitando en la norma la materia que deberá ser regulada por el reglamento, disminuyendo así el margen de interpretación por parte del Poder Ejecutivo.

Además, se plantea establecer un método de fiscalización cuantitativo y, posteriormente, cualitativo de los reglamentos; y contar con un sistema más simple y amigable de acceso a los reglamentos.

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