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La autoridad abordó agresión a fiscalizadores, en San Antonio, y robo armado en reserva marina La Rinconada, de Antofagasta.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, rechazó de modo categórico dos acciones de violencia que esta semana afectaron al Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca).

"No toleraremos actos de violencia en contra de los funcionarios del Sernapesca", advirtió puntualmente la autoridad, respecto de uno de los incidentes: un ataque a golpes en contra de dos fiscalizadores en San Antonio, Región de Valparaíso.

El otro episodio se relacionó con un robo armado en la reserva marina La Rinconada, en Antofagasta. Allí, delincuentes sustrajeron materiales destinados a la reconstrucción de un puesto del Sernapesca, destruido por un incendio –al parecer- intencional, hace un tiempo.

Respecto de la agresión en San Antonio, el subsecretario precisó que los funcionarios de ese servicio fueron golpeados por personas vinculadas con la actividad artesanal, pero no por pescadores.

Ambos representantes del Sernapesca fueron maltratados, al detectar la presencia de merluza proveniente de pesca ilegal, en el sector de la caleta Pacheco Altamirano de ese puerto.

A raíz de la agresión, dicho servicio interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, que busca hacer efectivas las responsabilidades penales involucradas.

"El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera tiene un firme compromiso contra la pesca ilegal, y vamos a dar toda la protección posible en favor de las actividades fiscalizadoras del Sernapesca", subrayó Riquelme, en un video difundido a través de redes sociales.

Frente al atraco en La Rinconada, el subsecretario hizo ver que en ese lugar, el servicio custodia la reserva marina, para evitar que pescadores y mariscadores furtivos extraigan recursos marinos, con el consiguiente perjuicio para el medioambiente.

"Llamo a que la sociedad repudie estos actos de violencia", sentenció Eduardo Riquelme.

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Por 100 votos a favor, 20 en contra y 15 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta que abordó las diferencias con el Senado respecto del proyecto  que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca).

Las materias a debatir se relacionaron principalmente con el concepto de "pesca ilegal" y sus respectivas sanciones, en particular por sus efectos en el sector pesquero artesanal.

La propuesta de la Comisión, que aún debe ratificar el Senado antes de ser enviada al Ejecutivo para su promulgación como ley, establece una mayor proporcionalidad entre infracciones y sanciones y mejora los parámetros con que se calculan las multas, bajando los montos y estableciendo como pena alternativa el trabajo comunitario y reclusión nocturna.

A cambio, se establece la pena de amonestación, la que será impuesta por el juez que conozca el proceso, debiendo considerar el beneficio económico obtenido, la capacidad económica del infractor, la gravedad de la conducta y las consecuencias del hecho.

Quedaran exentos de responsabilidad quienes realicen pesca de subsistencia. Ésta se entiende como la actividad extractiva que se realiza para satisfacer el consumo de la persona que la realiza y su familia. También se considera como tal la que realizan los pueblos originarios.

En algunos casos, este tipo de pesca no está en la obligación de inscribirse en el registro pesquero artesanal. Sin embargo, no podrá realizarse en áreas de manejo asignadas.

No se sancionará tampoco cuando el remanente de la pesca de subsistencia no consumido sea comercializado directamente al público o al comercializador que sea locatario de una feria libre.

La norma también considera que las disposiciones que se generen en torno a la amonestación, al pago de multas en cuotas, a la sustitución de multas por servicios comunitarios y a la reclusión nocturna, sean aplicables a los procesos en trámite a la fecha de publicación de la ley en el Diario Oficial.

Tras el debate en la comisión mixta se establecieron duras sanciones a la pesca ilegal en áreas de manejo. Quienes tengan autorización para pescar y realice la extracción sin ser titular de los derechos será sancionado con la suspensión de las autorizaciones de pesca y zarpe por dos años, arriesgando también una pena de presidio menor en su grado mínimo a máximo, sumado al comiso de sus equipos, embarcaciones y vehículos.

La propuesta también señala que se sancionará la destrucción, inutilización y alteración maliciosa del sistema de posicionamiento automático o la información contenida en él. Sanción que no correrá cuando sea una falla no intencionada.

En cuanto a caducidades en el Registro Pesquero Artesanal, se aprobó un artículo transitorio que permite suspenderlas, mientras el gobierno cumple el compromiso de encontrar una solución en 2019.

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El subsecretario Eduardo Riquelme subrayó que se trata de "una gran noticia" para el sector artesanal, en la medida de que ahora, junto con la extracción de recursos del mar, los pescadores podrán realizar "actividades culturales, gastronómicas o de comercialización de artesanías", entre otras.

El Presidente Sebastián Piñera ingresó a la Contraloría el reglamento correspondiente a la ley de caletas, norma que convertirá a esos asentamientos costeros en polos de desarrollo económico.

La toma de razón de la Contraría es el último paso que falta para la aplicación efectiva de esa ley, clave para que los pescadores artesanales apliquen dos principios que el Gobierno impulsa para el sector: la diversificación productiva y la agregación de valor a su actividad.

"Es una gran noticia para los pescadores artesanales de Chile. El Presidente Sebastián Piñera, ingresó a la Contraloria el reglamento de la ley de caletas. Este cuerpo normativo transforma a las caletas en verdaderos centros de desarrollo económico", destacó el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme.

La autoridad detalló que, a partir de esta ley, el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) podrá destinar en las caletas espacios para que los pescadores, "junto con la extracción de recursos del mar, realicen, por ejemplo, actividades culturales, gastronómicas o de comercialización de artesanías u otros productos".

La norma apunta a que el sector artesanal pueda llevar adelante esas actividades, para proyectarse hacia el futuro, pero sin perder la identidad ni el valor cultural asociados a las caletas.

Turismo, venta de productos marinos o administración de estacionamientos, se cuentan entre los rubros específicos en los que el sector artesanal podrá incursionar, al amparo de esta ley.

A partir de la misma norma y para desarrollar esas labores, los pescadores podrán solicitar destinaciones de espacios, por un lapso de 30 años y de manera gratuita.

El número de caletas de pesca artesanal existentes en Chile bordea las 450, entre urbanas y rurales.

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