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Una de las propuestas, devuelta a comisiones para un segundo informe, viene a perfeccionar la normativa que sanciona el uso de explosivos y tóxicos para la captura de especies hidrobiológicas; mientras que la otra, despachada a ley, avanza en regular la situación de habitabilidad de las embarcaciones.

Dos nuevas normas relacionadas al ámbito pesquero fueron aprobadas hoy en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, una relacionada a las sanciones por el uso de explosivos y tóxicos para la captura de especies hidrobiológicas y la otra destinada a regular la situación de las embarcaciones de apoyo a la acuicultura y la habitabilidad de las naves.

En materia de debate, ambos proyectos fueron destacados por quienes intervinieron en la Sala, resaltándose la necesidad de avanzar en estas normativas que resguardan tanto la preservación de los recursos como la necesidad de garantizar una adecuada habitabilidad para los pescadores y acuicultores.

Sin embargo, es menester indicar que mientras la primera iniciativa tubo un consenso generalizado en pro de su apoyo, la segunda propuesta concitó opiniones que llamaron a rechazar los cambios del Senado para ahondar en algunos perfeccionamientos por medio de una comisión mixta, postura que no prosperó.

Sanciones por uso de explosivos

En el primer caso, se trata de un proyecto iniciado en moción (boletín 12465) que modifica la Ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura, para agravar penas y sancionar actividades relacionadas con la extracción de recursos mediante el uso de explosivos.

El texto fue aprobado en general, en primer trámite, por la unanimidad de 150 votos a favor y fue devuelto a la Comisión de Pesca para un segundo informe, dada la presentación de indicaciones.

La norma, conforme al informe de la Comisión de Pesca que rindió el diputado Jorge Brito (RD), perfecciona una disposición vigente relativa a los "Delitos Especiales y Penalidades".

En lo particular, define que, sin perjuicio de otras sanciones asociadas al ilícito, el que, sin derecho ni autorización previa de autoridad competente, porte y/o transporte elementos explosivos al interior de una embarcación, será sancionado con multa de 20 a 100 UTM. En caso de reincidencia, la multa se duplicará.

Luego, se especifica que aquél que emplee, utilice o se valga de explosivos en la realización de actividades pesqueras extractivas, con o sin resultado de captura, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo (desde 541 días a 5 años) y multa de 50 a 300 UTM, sin perjuicio de otros delitos de mayor gravedad y de la configuración de la causal de caducidad de los permisos de pesca relativa a que el titular sea condenado por sentencia ejecutoriada en esta situación. En caso de reincidencia, la multa se duplicará.

Finalmente, se indica que, si con motivo del uso de elementos explosivos se dañan recursos hidrobiológicos vedados, el causante será sancionado con presidio menor en su grado máximo (desde tres años y un día a 5 años) y una multa de 50 a 300 UTM.

Cabe mencionar que la iniciativa, que tuvo como motivación frenar el aumento del uso de explosivos, en especial de dinamita, para la captura de recursos hidrobiológicos, fue originada por los/as RN José Miguel Castro, Bernardo Berger, Andrés Celis, Sofía Cid, Andrés Longton, Paulina Núñez, Leonidas Romero y Ximena Ossandón; DC Miguel Ángel Calisto; e independiente Pablo Prieto.

Embarcaciones y habitabilidad

El segundo proyecto (boletín 10068) también modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en este caso, respecto de la definición de embarcación pesquera artesanal y sus condiciones de habitabilidad, iniciativa que fue abordada en la Cámara en torno a las modificaciones del Senado que fueron aprobadas en su totalidad por 76 votos a favor, 46 en contra y 29 abstenciones, permitiendo su despacho al Ejecutivo para su promulgación como ley.

La propuesta, conforme al texto despachado, resta en la definición de "embarcación pesquera artesanal" una especificación relativa a la habitabilidad y bienestar de la dotación, que centraba dichos espacios en la cubierta superior.

Luego, el proyecto introduce en el catálogo de definiciones dos nuevos conceptos: embarcación de apoyo a la acuicultura (el texto original modificaba la definición de embarcación pesquera artesanal para hacer extensivo también a estas naves la exclusión del metraje de los espacios de habitabilidad) y condiciones de habitabilidad y bienestar de las embarcaciones.

Se entenderá por "embarcación de apoyo a la acuicultura" aquella destinada a la instalación, mantenimiento, reparación y retiro de estructuras de cultivo; ingreso y siembra de ejemplares de cultivo y de alimentos e insumos para ellos; cosecha de ejemplares cultivados; y retiro de ejemplares muertos.

También se aplica para las naves que realicen labores de toma de muestras para controles sanitarios; apoyo a tratamientos farmacológicos; monitoreos ambientales; abastecimiento de agua y combustibles; traslado de personas hacia, desde y entre sitios de cultivo, y abastecimiento de alimentos e insumos para el personal que opera centros de cultivo.

A su vez, por "condiciones de habitabilidad y bienestar de las embarcaciones pesqueras artesanales y las artesanales de apoyo a la acuicultura" se entenderá que son aquellos elementos de seguridad, salud, higiene y confort que deben reunir los espacios destinados a la habitabilidad de las naves, tales como: ubicación, tamaño, materiales, condiciones de higiene, ventilación, calefacción, refrigeración, iluminación, mitigación de ruidos y vibraciones excesivas, aplicables a las zonas de alojamiento, alimentación y aseo de la tripulación.

El reglamento, que deberá dictarse dentro de los seis meses siguientes a la publicación de esta ley, determinará las condiciones de habitabilidad y bienestar que deben cumplir las embarcaciones pesqueras artesanales y las pesqueras artesanales de apoyo a la acuicultura, debiendo siempre tener en cuenta la zona geográfica en que opera la nave.

La iniciativa tuvo su origen en una moción de los/a exdiputados/a David Sandoval, Clemira Pacheco, Cristián Campos, Iván Fuentes y Jorge Ulloa y de los diputados Iván Flores (DC), Javier Hernández (UDI), Ignacio Urrutia (PREP), Osvaldo Urrutia (UDI) y Enrique Van Rysselberghe (UDI).

 

 

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Agravamiento del delito y aumento de penas considera el articulado que esta semana fue apoyado por la unanimidad de la sala

La necesidad urgente de frenar el uso de explosivos para la extracción de recursos pesqueros, expuso el diputado de la comisión de pesca Bernardo Berger. La iniciativa fue materializada en un proyecto de ley de su coautoría que atraviesa su primer trámite legislativo en el Congreso.

El texto fue aprobado en general por la unanimidad de 150 votos a favor y fue devuelto a la Comisión de Pesca para un segundo informe, dada la presentación de indicaciones.

Berger explicó que el proyecto modifica la Ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura, para agravar penas y sancionar actividades relacionadas con la extracción de recursos mediante el uso de explosivos.

"Como uno de los autores de esta moción, creo imperativo poner freno a esta destrucción después de ver los últimos hallazgos y los daños monstruosos que han sufrido especies tan valiosas como delfines y otros en el norte, producto de pescadores inescrupulosos al utilizar explosivos como medios de captura", señaló el legislador de ChileVamos.

Agregó que la pesca con dinamita "es un secreto a voces en regiones como Antofagasta", por lo que "no estaríamos ante hechos nuevos". "Hay constancia que la pesca con explosivos se realiza desde la década de los 70, causando estragos que hasta el día de hoy no han podido ser detenidos por falta de una legislación y control", detalló.

Berger sostuvo que uno de los problemas que se presenta en la actualidad es el bajo costo y la facilidad de acceso a la compra de explosivos, sobre todo en las regiones mineras del país. "La compra de explosivos cuesta entre 4 mil y 9 mil pesos, por lo que esta forma de extracción resulta bastante económica debido al crecimiento de la actividad minera en el norte, pero es altamente destructiva, peligrosa y no discrimina especies".

La propuesta define que, sin perjuicio de otras sanciones asociadas al ilícito, el que sin derecho ni autorización previa de autoridad competente, porte y/o transporte elementos explosivos al interior de una embarcación, será sancionado con multa de 20 a 100 UTM. En caso de reincidencia, la multa se duplicará.

Además, quien emplee, utilice o se valga de explosivos en la realización de actividades pesqueras extractivas, con o sin resultado de captura, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo (desde 541 días a 5 años) y multa de 50 a 300 UTM, sin perjuicio de otros delitos de mayor gravedad y de la configuración de la causal de caducidad de los permisos de pesca relativa a que el titular sea condenado por sentencia ejecutoriada en esta situación. En caso de reincidencia, la multa se duplicará.

Finalmente, se indica que, si con motivo del uso de elementos explosivos se dañan recursos hidrobiológicos vedados, el causante será sancionado con presidio menor en su grado máximo (desde tres años y un día a 5 años) y una multa de 50 a 300 UTM.

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Piden que el estado asegure que las leyes vigentes para el resto de territorio nacional se cumplan en dichos territorios, como es libre acceso a las costas, acceso al abastecimiento de agua y acceso como lugar de resguardo para pescadores artesanales.

La puesta venta de la isla Guafo, ubicada en el archipiélago de Chiloé, región de Los Lagos, en un monto de 20 millones de dólares a través de un portal web de E.E.U.U, es uno de las hechos que últimamente preocupan a comunidades indígenas y pescadores artesanales, no solamente por la preservación de los recursos marinos que allí se encuentran, sino porque también porque constituye una zona de resguardo para los artesanales en caso de naufragios y acceso a agua dulce.

Así lo manifestó, Cesar Jorquera, presidente de la A. G. de pescadores artesanales de San Vicente, de la Coordinadora Nacional de Armadores Pesqueros Artesanales Pelágicos (Conapesca) y director de la Conapach, quien además señaló que dicha isla significa para él "la vida", porque fue un lugar donde pudo refugiarse cuando navegaba con bajas condiciones de navegabilidad.

El dirigente, sostuvo que el inconveniente de que dichas islas estén bajo resguardo de particulares tiene relación con lo señalado en medios de comunicación por el mismo alcalde de Quellón, Cristián Ojeda, quien señaló que en la actualidad no pueden desembarcar en estos territorios, debido a que están custodiadas por guardias privados.

Jorquera además puso acento en que también deberían cumplirse con la normativa vigente en el resto del territorio nacional, que dice sobre el acceso a las playas y que en dichas islas debiera aplicar de igual manera, del mismo modo que el resguardo del patrimonio cultural que allí se emplaza, ya que allí se encuentran ubicadas la infraestructura de balleneras de larga data.

Por su parte, Zoila Bustamante, vicepresidenta de la Conapach, señaló que nosotros como pescadores artesanales, ocupamos mucha veces esa ruta para volver de islas Guaitecas hacia Quellón, cuando el golfo presenta mal clima, ingresamos a la isla para capear, hoy ni eso se va poder hacer porque está a la venta".

"El gobierno debería preocuparse por este tema y dejar de lucrar con lo que es de todos los chilenos. Para nosotros como pescadores es incomprensible que territorios de alta importancia para el país se estén vendiendo al mejor postor", culminó la dirigenta.

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