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El espacio marítimo del país abarca unos 3.400.000 kilómetros cuadrados. Es decir, es 4,5 veces mayor que el espacio terrestre. Allí se realizan actividades tan diversas como la pesca –artesanal e industrial–, la acuicultura, los deportes, la conservación, la actividad turística y el transporte marítimo. El 95% de nuestro comercio exterior se realiza por medio del mar. Desde mayo del año 2018 Chile cuenta con una Política Oceánica Nacional. Ya es hora de aportar a esa política con la institucionalidad necesaria para fortalecer el rol de nuestro territorio marítimo.

El Gobierno ha puesto nuevamente sobre la mesa la idea –ya delineada por el Presidente Piñera en su mandato anterior– de trasladar la institucionalidad pesquera al Ministerio de Agricultura. Sí, al de Agricultura. Para ello, propone modificar el nombre de la cartera, agregándole los conceptos de "Alimentación y Desarrollo Rural". La idea ha generado un rechazo bastante generalizado.

Organizaciones de la pesca artesanal, sin distinciones, han manifestado su oposición al proyecto del Gobierno. También se han mostrado en contra de la idea profesionales pesqueros, académicas y académicos de las ciencias del mar y organizaciones no gubernamentales especialistas en materias de conservación marina, además de colectivos asociados a otras actividades relacionadas con el territorio marítimo.

Por décadas, la pesca ha aspirado a contar con una institucionalidad propia para fortalecer la actividad de nuestro mar. Y no han sido pocos los gobiernos que han planteado la idea de crear un ministerio específico para esas tareas. Lo propusieron Salvador Allende, Patricio Aylwin y Michelle Bachelet, e incluso en la dictadura se habló también de crear una institucionalidad dedicada a velar por los intereses y recursos marítimos.

Por diversas razones, la idea nunca ha prosperado y las actividades pesqueras están hoy supeditadas a una subsecretaría dependiente del Ministerio de Economía. No obstante, las actividades pertinentes al medio acuático marino involucran también a los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, Transporte y Medio Ambiente.

Este complejo tramado burocrático no hace más que dificultar la gestión y la organización de las actividades marítimas. Nada de ello se resuelve ampliando el giro del Ministerio de Agricultura y sumándole nuevas atribuciones y responsabilidades a las que ya tiene. Resulta mucho más conveniente a los intereses del país crear un Ministerio del Mar. La bancada de senadores socialistas en su conjunto apoya esta idea.

El Ministerio de Agricultura ha cumplido, por décadas, un rol histórico incuestionable gestionando las actividades productivas de los campos del país. Es preferible que continúe haciendo bien ese trabajo y que sea un modelo para crear una institucionalidad moderna y eficiente, la que se dedique a las cuestiones relativas al mar.

El espacio marítimo del país abarca unos 3.400.000 kilómetros cuadrados. Es decir, es 4,5 veces mayor que el espacio terrestre. Allí se realizan actividades tan diversas como la pesca –artesanal e industrial–, la acuicultura, los deportes, la conservación, la actividad turística y el transporte marítimo. El 95% de nuestro comercio exterior se realiza por medio del mar. La pesca artesanal, en tanto, se distribuye en todas las comunas costeras, entregando trabajo y sustento a millones de personas.

A la fecha, la única externalidad positiva que ha generado el proyecto, es que ha unido a todos los pescadores del país en torno a la necesidad debatir sobre una nueva institucionalidad para el sector. Un debate por cierto necesario, que debe extenderse y en el que deberán primar los análisis participativos de todos los actores involucrados, la revisión de experiencias internacionales y la visión de los expertos y científicos, no solo los intereses de algún grupo o institución específica.

Desde mayo del año 2018 Chile cuenta con una Política Oceánica Nacional. Ya es hora de aportar a esa política con la institucionalidad necesaria para fortalecer el rol de nuestro territorio marítimo. Chile necesita un Ministerio del Mar.

Por : Rabindranath Quinteros Lara.

En el país hay actualmente alrededor de 800 concesiones acuícolas de pequeña escala y 150 hectáreas autorizadas para el desarrollo de la actividad en áreas de manejo (AMERBS), a cargo de pescadoras y pescadores.

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó por unanimidad la propuesta del Reglamento de Acuicultura de Pequeña Escala (APE), norma que podría ser clave para el desarrollo y proyección de esta actividad en el país.

El documento fue ratificado el 1 de octubre -en un encuentro virtual encabezado por la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt- y constituye uno de los pasos finales para la materialización del Reglamento APE.

Distintos ministros deben ahora firmar el decreto correspondiente, de modo que el Reglamento pase a la Contraloría General de la República, se le refrende y entre en vigencia.

Uno de los propósitos de la futura norma es propiciar el desarrollo de la APE, actividad que -por sus características- se perfila, por ejemplo, como una opción sustentable para la diversificación productiva del sector pesquero artesanal.

Según la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), el Reglamento constituye en sí mismo un hito, pues implica reconocer formalmente a la acuicultura de pequeña escala, sector productivo sustentable que tiene 40 años de historia en Chile.

Concesiones

En el país hay actualmente alrededor de 800 concesiones acuícolas de pequeña escala y 150 hectáreas autorizadas para el desarrollo de la actividad en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERBs), a cargo de pescadoras y pescadores.

Dichas cifras debiesen ir al alza, cuando el nuevo Reglamento se conjuge con la aplicación de las leyes de Caletas, de Relocalización de Concesiones de Mitílidos (choritos) y de Bonificación de Algas, así como con los programas del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (Indespa).

En la práctica, la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros implica una modificación al actual Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA). En dicha sesión, la Subpesca estuvo representada por el jefe de la División de Acuicultura, Eugenio Zamorano.

Entre otros puntos, el Reglamento APE autorizará el desarrollo de actividades acuícolas en función de sus sistemas de producción y no de las especies involucradas. De este modo, se fomentarán los llamados cultivos multitróficos que al incorporar principios de reciclaje -entre otros- son amigables con el medioambiente.

La nueva norma ajusta, además, los requisitos ambientales exigidos para otorgar concesiones, y dispone el reemplazo de los planes de contingencia ambiental por un listado de acciones mínimas, de manera de facilitar el acceso a la actividad.

En otro plano, se establece la prohibición de usar plumavit (poliestireno expandido) como elemento de flotación, debido al impacto de este material en los entornos de los cultivos.

Antes de ser aprobada por el Consejo de Ministros, la propuesta fue evaluada favorablemente por la Comisión Nacional de Acuicultura (noviembre de 2019), los ocho consejos zonales de pesca existentes a lo largo del país (diciembre de 2019) y el Ministerio del Medio Ambiente (julio de 2020), además de actores públicos y privados.

La última semana se adhirieron a su causa el diputado Enrique Van Rysselberghe y los senadores Claudio Alvarado y Juan Pablo Letelier.

Al mismo tiempo que se discute en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados el proyecto que crea el nuevo Ministerio, denominado recientemente de Agricultura, Pesca, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural, pescadores artesanales de todo Chile siguen en su afán de conseguir apoyos para rechazar en sala la iniciativa legislativa que hecha por tierra su anhelo de tener un Ministerio del Mar.

En este contexto, el pasado lunes en reunión telemática entre dirigentes de todas las regiones del país, el diputado UDI, Enrique Van Rysselberghe, señaló que "a partir de la resistencia que ustedes han mostrado, el que este proyecto avance tiene más costos que beneficios y por lo bajo, yo le quitaría la urgencia para que hubiera más espacio para el diálogo".

Del mismo modo, el día martes, se reunieron con el senador PS, Juan Pablo Letelier, quien manifestó un apoyo incondicional con la causa que lideran los pescadores artesanales, señalando que el gobierno ha errado el enfoque, ya que quita visibilidad y especificidad a una actividad de alta complejidad como es la pesca.

Por su parte, ayer miércoles, el senador UDI, Claudio Alvarado, sostuvo que la intención del gobierno es distinta a los efectos que podría provocar, por lo que él cree que se debería evaluar la viabilidad política del proyecto, al mismo tiempo que declaró conocer la aspiración histórica del sector pesquero de contar con un Ministerio del Mar.

 

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