La política pública es el espacio en el que se toman las decisiones que nos afectan a todos. Desde aquellas que definen como y a quienes se beneficiará con un subsidio hasta por donde pasará la carretera. Se trata de un espacio en el que, hasta ahora, habitan los expertos, los técnicos, aquellos que han validado sus conocimientos frente a quienes gobiernan los distintos espacios de decisión establecidos en nuestro sistema político. Pero por ser pública, esta política está asociada a una cierta sanción social, validación frente a quienes, en ejercicio de su derecho de elección, cada cierto número de años escogen a sus representantes y a quienes van a dirigir las instituciones que conforman el Estado.
Esta delegación de poder en algunos pocos es explicada de muy variadas maneras en el sistema político pero normalmente se entiende como una cesión de derechos de los representados en los representantes para administrar, gobernar, decidir sobre cuál es la mejor manera de compartir lo público. Esta cesión representada en el voto está íntimamente ligada con las decisiones de política públicas.
¿Es esta la única forma de decidir sobre los bienes comunes? Podemos pensar otra forma de representar y de ser representados. El espacio de lo social ha estado vinculado históricamente con el espacio de participación común de quienes, teniendo algo que los une como su lugar de vivienda, su trabajo, sus estudios o algún tipo de intereses, se organizan para lograr algún objetivo más específico. En algunos casos este objetivo es una demanda, en otros es simplemente la construcción común de algún espacio de satisfacción de necesidades. En algunas ocasiones este espacio social es la única solución a problemas que no han sido resueltos por las políticas públicas, pudiendo transformarse en espacios de confrontación. Pero lo común es que se trata de una búsqueda de solución más que de problemas.
¿Cabe en el espacio de las políticas públicas esta forma de representación social? De alguna forma se ha instalado, tímidamente, en la política nacional un reconocimiento de que las organizaciones sociales y la participación social, es decir la participación desde estas organizaciones, pueden o deben ser incluidas en los espacios de decisión política y en la toma de decisiones sobre aquello que afecta el bien común. La ley 20.500 sobre participación ciudadana avanzó en esta dirección al incorporar nuevas formas de representación como los consejos de la sociedad civil (conocidos por su sigla COSOC) en distintos espacios de decisión, pero es necesario avanzar más en la inclusión de la participación social en la toma de decisiones de lo público. Hoy la autoridad de un alcalde, de un ministro o de un intendente está por sobre la voluntad de aquellos que han delegado su poder, el que les da el derecho de elegir a sus representantes, y esta voluntad es la que está de una forma u otra representada en la participación social. La construcción de una opinión común sobre cómo es que deben resolverse los dilemas de lo público, de aquello que nos pertenece a todos, debe incluir a todos.
A partir de la adjudicación de la licitación para la construcción de la autopista Vespucio Oriente, el MOP se ha visto obligado a incluir en su decisión a la opinión de los vecinos, aquellos directamente afectados por la obra pública que se pretende construir. Lo ha hecho a contrapelo, marcado por años de una planificación y una forma de pensar excluyente en la que la decisión de que hacer y cómo hacerlo estaba restringida a un espacio cerrado donde no cabía lugar a opiniones no expertas. Ahora con el proyecto de autopista Costanera Central han aceptado la inclusión de organizaciones ciudadanas (sociales) que representan la opinión de los que habitan el espacio y la ciudad. Lo hacen con un sinnúmero de aprensiones, amparados en una legalidad que los autoriza a decidir por otros, sin consultares y que solo se preocupa de los posibles efectos negativos que puedan ocurrir en el proceso de construcción y explotación, eso que se denomina «externalidades negativa» las que tienen como única solución la mitigación de los daños.
Lo que buscan las organizaciones sociales, como las que se han desarrollado para pensar y crear una ciudad distinta (las de los ciclistas, las que buscan mejorar los espacios públicos, las que se oponen a los proyectos que generan daño ambiental), es que la opinión de los que habitan el espacio sea no solo tomada en cuenta si no que sea la base para la generación de los proyectos. Se requiere dar vuelta el sentido común de la política pública para dar cabida a la participación social y la deliberación de las comunidades en la solución de los problemas vigentes y en la construcción de su futuro. Las políticas públicas deben reflejar esta deliberación social. Lo que se requiere es que la participación social sea un elemento insustituible en el desarrollo de las políticas públicas. Se necesita dar un salto desde los espacios de consulta a los espacios de decisión, desde las decisiones individuales a las decisiones colectivas. La Democracia en esta época neoliberal se entiende como la conjunción de elecciones unipersonales libres y la separación de poderes. Es necesario que esta pase a ser también el espacio de las decisiones colectivas, inclusivas con la participación social como un componente necesario para un desarrollo que nos beneficie a todos.
POR:Mario Insunza C.
