La revisión es parte de los compromisos del programa de gobierno de Michelle Bachelet, proceso que fue ratificado en el discurso del 21 de mayo de 2015.
El ministro (S) de Economía, Raúl Súnico, se reunió con la representante en Chile de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas, Eve Crowley, para analizar el avance y la agenda de trabajo que lleva adelante el organismo internacional, en lo relativo a la evaluación técnica que realizan a la Ley de Pesca.
A partir de un acuerdo establecido entre la FAO y el gobierno expertos en legislación y economía pesquera establecieron una agenda de trabajo para la revisión de la Ley de Pesca en línea con los instrumentos, acuerdos y buenas prácticas internacionales para la sostenibilidad y buena gobernanza del sector pesquero.
La revisión es parte de los compromisos del programa de gobierno de Michelle Bachelet, proceso
que fue ratificado en el discurso del 21 de mayo de 2015.
Súnico afirmó que «le pedimos a la FAO, que es el organismo técnico especializado a nivel mundial en materia de alimentación y en particular en materias pesqueras, el cual tiene plena autonomía y neutralidad para abordar este proceso de evaluación de la ley y que tiene la experiencia de haber trabajado en un conjunto de legislaciones pesqueras en el mundo y que cuentan con los especialistas de fijación de políticas pesqueras, que hicieran una revisión exhaustiva de la legislación chilena, para ver si ésta se atiene a las mejores prácticas y directrices que a nivel internacional se han fijado en materia pesquera».
El ministro recordó que «este trabajo comenzó alrededor de octubre y hoy hemos estado revisando los avances que hay en esta materia, pero básicamente esta evaluación es técnica, seria y con el objetivo de que nuestra legislación recoja las mejores prácticas en materia pesquera».
En la instancia se explicó que, en primer término, el equipo de especialistas está llevando a cabo el análisis preliminar de las posibles brechas de la ley de acuerdo con los estándares internacionales. A partir de este análisis, se construirá un instrumento de participación para aplicar en grupos focales establecidos.
Eve Crowley, representante de la FAO en Chile, indicó que «se estará construyendo, a finales de este mes, un instrumento de participación, a través de un cuestionario, el cual será aplicado a grupos de intereses dentro del sector pesquero. Estos grupos incluyen a los pescadores artesanales, industriales, pero también la sociedad científicas, ONG’s y otros, así uno tiene una mirada del sistema, que muchas veces no son consultados».
Este proceso se llevarán cabo durante los meses de abril y mayo próximo en cuatro macro regiones del país: en la zona norte (Iquique), zona centro (Coquimbo), centro-sur (Concepción) y sur austral (Puerto Montt), finalizando en Santiago y Valparaíso. El proceso, que cumplirá con los estándares FAO en materia de participación, tiene como objetivo recabar información relativa a aspectos esenciales, inquietudes y temáticas de cada sector como complemento a la revisión de la ley y las recomendaciones finales que serán entregadas al gobierno.
Súnico explicó que «la instalación de la mesa de trabajo con los parlamentarios es una oportunidad para abrir un debate más amplio en materia pesquera. Nosotros tenemos una posición respecto del proyecto de ley, lo consideramos inconstitucional, y esperamos que la comisión de Constitución, Legislación y Justicia así lo ratifique. Es bueno para la sociedad que tengamos un debate abierto con soporte técnico y esta asesoría nos va a contribuir con elementos técnicos que van a ser procesados por los distintos espacios de participación y la discusión política que se realizará en el Congreso».
EXPERTOS
El equipo de profesionales cargo de la revisión de la ley de pesca estará liderado por Cristina Leria, consultora internacional en legislación y abogada especialista en derecho internacional con experiencia en materia de pesca y acuicultura.
Como consultores nacionales participará Rocío Parra, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Diplomada en Derecho Ambiental y Jorge Dresdner, Ph.D. en Economía de la Universidad de Uppsala (Suecia), quien se desempeña como profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad de Concepción de Chile.
El equipo de consultores contará con el apoyo técnico de la Oficina Jurídica de FAO en Roma, así como del Departamento de Pesca y Acuicultura de la misma sede. En Chile, las actividades serán supervisadas por el Oficial Principal de Pesca y Acuicultura de la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe, junto con la Representación de la FAO en Chile.
La legislación pesquera nacional será contrastada, en esta revisión técnica, con los acuerdos internacionales de la Convemar, de Nueva York -sobre especies altamente migratorias-, para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros en alta mar y el acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. A su vez, será parte de la comparación las directrices internacionales aceptadas por el Estado Chileno, tales como el código de conducta sobre la pesca responsable y las directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala.
El trabajo se debe realizar en ocho meses, según consta en la resolución de transferencia de Fondos
Fiduciarios Unilaterales (FFU) para la FAO, firmada el 13 de noviembre pasado.
