Para los artesanales se trata de un tema sensible, puesto que muchos pescadores pertenecen, justamente, a la etnia mapuche. Lo que no quieren, es que haya enfrentamiento entre ellos mismos.

(AQUA) Los pescadores artesanales de la zona sur austral están bastante ocupados por estos días y uniendo fuerzas para enfrentar los desafíos que se les están presentando. Uno de ellos, tiene que ver con la intención de pescadores de la Región del Biobío, de Lebu específicamente, de ser autorizados para pescar reineta en las regiones del sur, ante lo cual se oponen rotundamente. De hecho, la semana pasada se formó en Puerto Varas (Región de Los Lagos) la «Alianza Pesquera Sur Austral», que tiene como principal propósito defender la regionalización de los recursos pesqueros.

Otro tema que inquieta a los hombres y mujeres de mar tiene que ver con el impacto que está generando la Ley Lafkenche (N° 20.249), cuerpo legal que crea los Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios (ECMPOs) y que ha dado paso a solicitudes por parte de comunidades indígenas de enormes extensiones de mar. La petición de estos espacios, mientras duran los trámites (alrededor de seis años) paralizan todas las demás solicitudes de afectación, como concesiones acuícolas, marítimas y Áreas de Manejo y Extracción de Recursos Bentónicos (Amerbs).

Para los artesanales se trata de un tema sensible, puesto que muchos pescadores pertenecen, justamente, a la etnia mapuche. Lo que no quieren, es que haya enfrentamiento entre ellos mismos y es por eso que piden reglas claras.

«No tenemos nada en contra de los pueblos originarios, de hecho, más del 70% de los pescadores de nuestra región (de Los Ríos) son de origen lafkenche; son nuestros propios hermanos. El problema es que hay casos, por ejemplo, en que los que están pidiendo los espacios de mar no son los que trabajan en la pesca, sino que los que viven en los cerros», dijo a AQUA el presidente de Fipasur, de Valdivia, Marco Ide Mayorga.

Este dirigente se ha mostrado preocupado porque en la región de Los Ríos la ley ha paralizado inversiones públicas en el borde costero que podrían beneficiar a la pesca artesanal. «Para que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) realice una obra debe pedir una destinación marítima, pero si hay un ECMPO en trámite no puede continuar. Es incomprensible que una obra que es para todos los chilenos no se pueda efectuar a causa de la Ley Lafkenche», sostuvo.

Marco Ide opina que sería apropiado hacer precisiones a la ley, en un trabajo serio y con compromiso real del Estado chileno. «Ya es hora de que exista coordinación entre los distintos ministerios que tienen relación con el borde costero, como son Defensa, Economía, Obras Públicas y Desarrollo Social. Ellos deben conversar y analizar posibles modificaciones o precisiones en algunos artículos de esta ley que está perjudicando la inversión pública, la construcción de caletas y otras actividades», precisó el dirigente.

El presidente de la A.G. Demersal, Juan García, comentó que «la Ley Lafkenche, en su espíritu de salvaguardar y preservar los espacios, está bien. Pero creo que se pone peligroso cuando, dentro de los mismos sindicatos, pescadores que eran socios nuestros se pasan a la vereda del frente y nos miran de manera distinta. Hay ahí una delgada línea que nos hace ruido y no nos gustaría que esto llegue a malas manos. Eso puede traer complicaciones».

No al lucro

Por su parte, Misael Ruiz, presidente del Consejo de los Fiordos y Archipiélagos de Aysén (Corfapa), expresó que su temor de que los espacios solicitados sirvan para que las comunidades puedan lucrar. «No queremos que pidan grandes extensiones y después nos cobren ´peaje´ a nosotros como pescadores para entrar a trabajar. Es por eso que debemos tener cuidado y tratar de llegar a acuerdo. No queremos pelear con las comunidades, si todos somos de los mismos, sino que trabajar en conjunto para regularizar la situación».

El dirigente acotó que quienes aprobaron la ley tienen que responsabilizarse de aquello. «A veces los congresistas votan leyes que ni siquiera leen y después, con los años, se ve que hay mucha gente perjudicada. Aquí, todos somos chilenos y si quieren entregar territorio, que lo hagan, pero como corresponde, con ciertos límites, tal como se entregan las concesiones o las áreas de manejo», concluyó.