La Subsecretaría para las Fuerzas Armadas inició a principios de julio un desconocido sumario administrativo al interior de la repartición, tras un oficio de la Contraloría General de la República en el que el organismo fiscalizador advirtió que la encargada de la Sección de Acuicultura del Departamento de Asuntos Marítimos de dicha repartición no “habría observado su deber de abstención”, tras visarle “directamente” el trabajo a su madre. Esta última, quien se había adjudicado una asesoría con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. La situación quedó al descubierto tras denuncias que fueron a dar al organismo de control.

Fueron tres denuncias bajo reserva de identidad las que ingresaron a la Contraloría General de la República (CGR), una en 2022 y dos en 2023, dando cuenta sobre presuntas irregularidades en la contratación vía trato directo entre una firma de asesoría y la Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA), junto al presunto conflicto de interés entre una funcionaria de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA) y la propietaria de la misma empresa.

En concreto, las acusaciones apuntaban a la relación “contractual” entre la empresa Sociedad Nelcy Villena Post EIRL y la SUBSEPESCA, y el vínculo de parentesco entre Villena Post y su hija, Ximena Vilches Villena, esta última encargada de la Sección de Acuicultura del Departamento de Asuntos Marítimos de la SSFFAA. Esta situación se desarrolló en el marco de convenios de colaboración que firmaron ambas reparticiones con el fin de tramitar destinaciones marítimas.
Bajo este contexto, el pasado 20 de abril la CGR evacuó un oficio en el que analizó las situaciones puestas en su conocimiento. En el documento, de siete páginas de extensión, el organismo fiscalizador concluyó que la “Subsecretaría para las Fuerzas Armadas deberá ponderar la iniciación de un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que correspondan”.

Madre asesora
En julio de 2021 y durante el año 2022 la Subsecretaría de Pesca y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas celebraron, respectivamente, dos convenios de colaboración con el fin de “coordinar acciones y lograr una actuación más eficiente que permita el cumplimiento de sus objetivos comunes”. Para llevar adelante dichos contratos se requirió que la SUBPESCA debía contar con “asesorías especializadas” para “colaborar con (…) destinaciones marítimas en el marco de la ley Nº 21.027”.

De esta forma, en julio de 2021 la Subsecretaría de Pesca contrató, vía trato directo, a la empresa “Asesorías Nelcy Villena Post EIRL” con el fin de otorgar “servicios de asesoría profesional para el análisis de paralizaciones de concesiones de acuicultura, con el objeto de dar curso a los procesos pendientes en la SSFFAA”. El monto pactado fue de $10.500.000 con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021.
Luego, y en atención a que el siguiente año ambas subsecretarías “decidieron celebrar un nuevo convenio de colaboración”, la SUBPESCA autorizó un nuevo trato directo con la mencionada firma. “Asesoría estratégica para el análisis de paralizaciones de concesiones de acuicultura para la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura”, se llamó el proyecto, el que costó los mismos $10.5000.000 y se firmó en febrero de 2022 con un plazo de “ejecución hasta el 30 de junio” de ese año.

Si bien la CGR no hace mayores reparos a la contratación vía trato directo de la empresa de Nelcy Villena Post, señaló en su oficio que “no consta que la SUBPESCA haya dado cumplimiento a las exigencias previas a que se refiere el inciso tercero del artículo 107 del decreto Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, por lo que corresponde que dicha repartición acredite la ejecución de cada uno de los requisitos previstos en dicha disposición”.

¿Hacer el trabajo de otros?
Pero no solo la legalidad del contrato vía trato directo entre la SUBPESCA y la firma de Villena Post analizó la CGR. Además se refirió a presuntas anomalías en relación a las funciones pactadas entre ambas partes. A modo de contexto, la División Jurídica de la SSFFAA tiene como misión “analizar y gestionar las solicitudes relacionadas con concesiones marítimas y acuícolas de competencia del ministerio”.

Al interior de dicha división se encuentra el Departamento de Asuntos Marítimos, unidad a la que en 2021 se le agregaron tres secciones: concesiones marítimas, concesiones acuícolas y borde costero. De esta forma, se determinó que “la sección de concesiones acuícolas será la directamente responsable de todas las gestiones asociadas a esa área de trabajo, entre las cuales se encuentra el análisis de las solicitudes de concesiones de acuicultura”.

Pues bien, dentro de los objetivos del contrato entre la Subsecretaría de Pesca y la empresa Asesorías Nelcy Villena Post EIRL estaba, precisamente, la asesoría “estratégica para el análisis de las paralizaciones de concesiones de acuicultura”. Sobre este punto la CGR retrucó que si bien la SSFFAA puede “externalizar los servicios que configuren labores de apoyo a su gestión (…) es improcedente que, en virtud de un convenio, se encomiende a terceros ajenos a la Administración la ejecución de tareas que (…) constituyen labores inherentes a la función pública”.

A renglón seguido, el organismo liderado por Jorge Bermúdez expuso que de la revisión de las carpetas de trabajo y los informes de avance entregados por Nancy Villena Post se “desprende que la contratación en comento implicó el estudio de los expedientes que contenían toda la documentación sobre solicitudes de paralización de concesiones de acuicultura, la elaboración de informes técnicos y actos administrativos respectivos”.

Esto último, a juicio de la CGR, es “realizar la misma labor que ejerce un gestor técnico, o como se denomina en el Organigrama de esa sección, Analista, de esa área”. Por ende, no “resulta procedente que la SUBPESCA encargue a terceros el análisis de las solicitudes de concesiones de acuicultura que se encuentran en curso en la SSFFAA, por cuanto ello implica el traspaso de una función que es de competencia exclusiva de la División Jurídica”.

Hija visando a la madre
La situación más compleja, y por la cual la Contraloría General de la República concluyó que la SSFFAA debía “ponderar” el inicio de un sumario administrativo, se debe al no respecto del “deber de abstención” en que incurrió la hija de Nelcy Villena Post, Ximena Vilches Villena, en la visar el trabajo de su madre. Ximena, una funcionaria de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

Recordemos que Nelcy Villena Post, a través de su empresa, fue contratada por la Subsecretaría de Pesca para realizar asesorías en torno a “paralizaciones de concesiones de acuicultura”. Esa misión, no obstante, le compete a la sección de Concesiones Acuícolas del Departamento de Asuntos Marítimos de la División Jurídica de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
fuente: Josefina Ossandón y Nicolás Espinoza Riquelme.
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