La pesca ilícita negra altera las distintas poblaciones de peces, elimina depredadores naturales y genera una serie de dificultades en los ecosistemas marinos, de ahí la urgencia de recuperar especies sobreexplotadas o colapsadas en Chile, como la merluza común, la anchoveta, el jurel y la sardina.
a organización de conservación marina, Oceana, organizó el taller «Abordando los desafíos para el combate de la pesca ilegal en Chile», con el fin de discutir la situación actual y sus posibles soluciones. La jornada, en la que estuvieron presente el Director Nacional de Sernapesca, José Miguel Burgos, junto al subdirector de Pesquerías, Jorge Toro, reunió a representantes de la pesca artesanal e industrial, autoridades de la Armada y destacados investigadores y académicos del país.
En la cita, los actores coincidieron en que el combate a la pesca ilegal es crucial para la recuperación de las pesquerías más afectadas del país, considerando que un 72% de ellas se encuentra sobreexplotada o agotada.
«Mientras invertimos en la elaboración de planes de manejo y recuperación para las pesquerías chilenas, la pesca ilegal va en desmedro de todos los avances de conservación que pretendamos implementar. Si no trabajamos unidos, en un esfuerzo conjunto entre las autoridades, la academia y los organismos no gubernamentales, será muy difícil que aseguremos las pesquerías para las futuras generaciones», afirmó Liesbeth van der Meer, Directora Ejecutiva de Oceana.
Actualmente, existe un proyecto de ley que define el delito de pesca ilegal y contempla sanciones efectivas para toda la cadena, lo que permitiría la intervención de las fiscalías y policías. Sernapesca asumiría la tarea de fiscalización y al respecto, su Director Nacional, José Miguel Burgos, afirmó que el plan «es una estrategia de análisis de riesgo por pesquería, se establecen las estrategias de fiscalización, es decir, los puntos donde creemos que va a ser más efectiva nuestra fiscalización».
El Director Nacional del Servicio sostuvo que la pesca ilegal no solo se extiende a la extracción fuera de norma en aguas jurisdiccionales e internacionales, sino que involucra a toda la cadena de procesamiento, elaboración, distribución y comercialización de los recursos capturados de manera ilegal, lo que hace necesario fortalecer y modernizar las estrategias de fiscalización.
José Miguel Burgos resaltó finalmente que la pesca ilegal amenaza directamente a la fuente laboral de miles de personas vinculadas al quehacer pesquero y su sostenibilidad. «Estamos hablando de la sustentabilidad de los recursos pesqueros que lleva consigo el trabajo de una cantidad muy importante de personas ligadas a la pesca artesanal, también de trabajadores de planta y la necesidad de que esto se desarrolle con los equilibrios necesarios con el medio ambiente para poder hacer esto sostenible a lo largo del tiempo y que siga entregando los beneficios económicos que esta actividad reporta a nuestro país».
