(El Mercurio) Los problemas que ha generado la ley que creó el espacio costero marino para los pueblos originarios (ECMPO) -también llamada «Ley Lafquenche»- siguen causando preocupación en el sur del país. La norma ha producido tanta inquietud en la zona, que fue uno de los principales temas que se abordaron en el último consejo general de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).
Los principales inconvenientes que genera la ley radican en sus normas de preferencia. Así, una solicitud de espacio costero marino pedida por un pueblo originario suspende aquellas peticiones de terceros reclamadas en la misma área y, además, tiene preferencia sobre el resto cuando hay incompatibilidad.
En la ocasión, el experto Sebastián Donoso expuso sobre los objetivos de la norma, sus principales inconvenientes y los afectados, entre los que destacan el sector salmonero, los productores de choritos, la pesca artesanal, los puertos y los proyectos energéticos.
Pese a que el abogado considera loable reconocer los usos históricos del borde costero a los pueblos originarios, estima que los problemas se encuentran en los mecanismos que dispone la norma. «Aunque la ley establece plazos acotados para agotar cada uno de los trámites, la suspensión suele extenderse por varios meses e incluso años», sostiene. Además, advierte que es complejo dar preferencia a las solicitudes de pueblos indígenas sobre otras, ya que se puede generar un conflicto en los posibles usos en competencia, «incluyendo no solo las actividades económicas, sino también proyectos de inversión pública, puertos y pescadores artesanales, entre otros».
Múltiples afectados
Uno de los sectores económicos clave para el país es el salmonero, que se ha visto afectado por las consecuencias que genera esta ley. Felipe Sandoval, presidente de SalmonChile, gremio que agrupa a la mayoría de las principales empresas de esta actividad, afirma que «las autoridades deben agilizar los trámites. Hay solicitudes que son muy amplias y, además, se han demorado, incluso, cinco años. Eso genera problemas, debido a la paralización de las solicitudes de nuevas concesiones y, lógicamente, afecta la actividad productiva».
Otra de las actividades económicas golpeadas por la ley es la producción de choritos. El presidente de la Asociación de Mitilicultores de Chile (AmiChile), Rodrigo Rosales, señala que «se están entregando grandes extensiones que no guardan relación con el número de personas que conforman las comunidades que las piden». Agrega que hay sectores del borde costero en que las actividades productivas se están viendo entorpecidas.
Pese a que no se opone a la norma, exige que se cumpla la política de uso del borde costero. También indica que ha habido roces entre los beneficiarios de las ECMPO y los productores de choritos, y que incluso les han cobrado «peajes» para acceder al sector.
Los pescadores artesanales también han tenido inconvenientes por la aplicación de los mecanismos de la llamada «Ley Lafquenche». El presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de la Bahía San Pedro de Purranque, José Alvarado, sostiene que «la ley es discriminatoria contra los pescadores artesanales y las otras actividades». Añade que «hay comunidades indígenas que han presentado un plan de administración del sector solicitado -que es ocupado por nosotros- y han ido más allá de lo que la ley les permite». Indica que «quieren administrar la caleta donde toda la vida hemos realizado nuestras actividades de pesca. Eso es perjudicial para nosotros, porque pasamos a depender de ellos».
Posibles soluciones
El abogado Sebastián Donoso plantea que las posibles soluciones solo dependen de normas administrativas. Sin embargo, señala que es necesario «sensibilizar a las autoridades respecto a la existencia del problema y la necesidad de abordarlo con urgencia».
Advierte que «hay un gran espacio para mejorar la gestión administrativa de la ley, ya sea cumpliendo los plazos legales, asignando los recursos necesarios para evacuar los trámites dentro de esos plazos, o ejerciendo las facultades que le ley otorga a cada órgano público involucrado». Señala que lo esencial es resguardar los intereses de todos los involucrados.
