En un seminario organizado por la PUCV, el subsecretario de Pesca y Acuicultura comentó que la política pesquera debe ir resolviendo lo que se llama el ´crecimiento verde´.

Este viernes 4 de septiembre, la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) quiso celebrar sus 60 años con la realización del seminario «Ley General de Pesca y Acuicultura: Perspectivas y Desarrollo Sectorial», el que tuvo lugar en las dependencias de la casa de estudios en Valparaíso.

En la ocasión, el subsecretario de Pesca y Acuicultura entregó un marco general de la situación de la pesca a nivel mundial. Sostuvo que actualmente –según datos de la FAO– el 10% de las pesquerías están subexplotadas, un 61% en plena explotación y un 29% en sobreexplotación. Además, se cree que de aquí al 2050 la población mundial llegará unos 9.600 millones de habitantes, de modo que la presión sobre los productos del mar, como importantes elementos en la alimentación mundial, será cada vez mayor.

Debido a la difícil condición de la pesca extractiva, el futuro está en la acuicultura. «Se espera que de aquí al 2023 la acuicultura alcance a la pesca. Pero el crecimiento de la actividad no está exento de desafíos. Tenemos que ver cómo compatibilizamos la relación del sector con los demás actores del borde costero. Este es un problema de varios países acuicultores y para tratarlo hace falta incluir otras habilidades, vinculadas a la sociología o antropología. Esto es relevante porque todos los avances científicos pueden verse afectados por este déficit», sostuvo la autoridad.

Respecto de la situación de la pesca extractiva en Chile, el subsecretario comentó que la política pesquera debe ir resolviendo lo que se llama el ´crecimiento verde´. «Hay un debate en los organismos internacionales donde se dice que hay que asegurar la sostenibilidad, pero incluyendo también el empleo y el valor económico de la actividad. De hecho, una de las debilidades de la actual Ley de Pesca es esa y por eso la queremos evaluar. El cuerpo legal incluye el concepto científico, pero no se está dando cuenta de los impactos que eso tiene en el desarrollo económico y en lo laboral; y cuando eso no se considera, aumenta la pesca ilegal».

«Estamos sometiendo la ley a una revisión profunda. No estamos hablando de una derogación, como algunos dicen, sino que de una adecuación. Para que haya sostenibilidad no sólo se requiere lo biológico, sino que tenemos que asegurar también la diversificación de los ingresos de quienes viven de la pesca. Necesitamos otras actividades económicas en las caletas. Eso es parte de lo que estamos haciendo en la agenda legislativa del último tiempo», complementó el subsecretario.

El gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Héctor Bacigalupo, por su parte, manifestó la voluntad del sector industrial por avanzar para lograr la estabilización de las pesquerías. Para ello, dijo, es esencial contar con un marco legal de largo plazo que dé certeza jurídica para que las personas hagan inversiones.

Además, «debemos contar con una institucionalidad sólida y participativa. Los avances se logran conversando y compartiendo argumentos», expresó. También llamó a avanzar en términos de investigación y desarrollo, disponiendo ojalá de mayores recursos y preocupándose de formar personal capacitado. «También se requiere de una fiscalización efectiva», manifestó el ejecutivo.

Avances en fiscalización

El director nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), José Miguel Burgos, destacó el esfuerzo que el organismo estatal realiza en términos de contribuir a la sustentabilidad tanto de la pesca como la acuicultura. «Entendemos que la fiscalización por sí sola no es capaz de revertir una situación de crisis o de complejidad de la actividad, pero contribuye», sostuvo.

En ese sentido, resaltó las campañas que Sernapesca ha impulsado los últimos años para involucrar a la ciudadanía en el respeto y cuidado de los recursos pesqueros. Nombró la campaña «Que no le vendan la pescá», que se difundió con bastante éxito el año pasado y donde se invitó a la población a hacerse parte y denunciar acciones que atenten contra la veda de la merluza común. Este año, se lanzó la campaña «Paremos el merluceo», «la que vemos con mucho gusto que se ha instalado en la ciudadanía, así como hemos podido apreciar que la cobertura de estas actividades han tenido una alta presencia en los medios de comunicación», sostuvo el funcionario.

Burgos también entregó datos interesantes. La pesca y acuicultura en Chile hoy está compuesta por 12.600 embarcaciones artesanales registradas, 91.000 pescadores inscritos, 471 naves industriales, 461 caletas oficiales (y algunas más en proceso), 3.700 centros de cultivo y 737 plantas pesqueras.

Mayor combate a la pesca ilegal

En el evento también expuso el académico del Programa de Derecho del Mar de la PUCV, Osvaldo Urrutia, quien se refirió a algunos puntos negativos que ha arrastrado la Ley de Pesca históricamente. En primer lugar, según lo explicado, en Chile se ha hablado la mayor parte del tiempo solo se desembarques y no de capturas. «Eso no es manejo. Cualquier persona que entiende la materia sabe que ese asunto es fundamental y que allí ha habido un vacío. No todo lo que se captura es lo que se desembarca. De igual forma, ha habido una ausencia de acciones que ayuden a abordar a largo plazo el tema del descarte. La nueva ley propone medidas, pero llegaron algo tarde; de todas maneras, las aplaudo», dijo el profesional.

«En la ley también se ha visto una ausencia de medidas para controlar la pesca en el agua. Eso incide en la fuerza que hoy tiene la pesca ilegal. Nuestro control se ha concentrado en las playas y en los desembarques, pero sabemos muy poco sobre lo que ocurre en el mar. Con la nueva ley se incorporan cambios, como el uso de cámaras, pero a lo largo de los años no ha habido una vocación de ir más allá», acusó el académico. Añadió que el régimen de sanciones que opera en el país es uno de los peores del mundo, pues muchas veces son jueces civiles los que ven los casos de pesca ilegal, donde «se ha demostrado que la eficacia de la sanción es mínima y no tiene capacidad disuasiva».

«En Chile no se le ha dado al sector pesquero y acuícola la institucionalidad que se merece. Es el tercero en importancia en la economía nacional y no es para nada absurdo pensar en tener un Ministerio del Mar con instituciones fiscalizadoras como lo que hace hoy la Subsecretaria de Medio Ambiente», concluyó el profesor.

Fuente: AQUA