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POR: Patricio Flores Brito:
Abogado con Magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile y Magíster (c) en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo; ex abogado del Ministerio de Defensa Nacional y de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas; socio en Lormar Limitada y miembro del Colegio de Abogados de Chile A.G.

La Ley N°20.249, que crea la figura de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (en adelante, ECMPO), constituye un gran avance en materia de reconocimiento a los derechos ancestrales de las diversas comunidades indígenas o asociaciones de estas existentes en nuestro país. Este reconocimiento se requiere a través de un procedimiento reglado y se concentra en la debida acreditación del uso consuetudinario reclamado, el que puede representar naturaleza religiosa, recreativa, medicinal, así como actividades pesqueras, entre otras.

Sin perjuicio del avance e importancia que dicha norma representa, actualmente origina, a partir de la actuación e interpretación de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, dificultades y retrasos en lo que respecta al proceso de renovación de concesiones marítimas, procedimiento regulado en el Reglamento sobre Concesiones Marítimas, Decreto Supremo N°2, de 2005, del Ministerio de Defensa Nacional.

En efecto, en la práctica la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas suspende el proceso de renovación de una concesión marítima por sobreposición cartográfica (total o parcial) con una solicitud ECMPO, incluso estando vigente el decreto supremo que otorga la concesión marítima respectiva. Esta situación, se crea en aquellos casos en que el concesionario presenta el respectivo expediente de solicitud de renovación con la debida antelación a su vencimiento (la normativa reglamentaria indica que se puede realizar la presentación del expediente en la Capitanía de Puerto competente con una antelación no superior a seis meses).

De esta manera, no existe un examen detenido de la historia de una concesión marítima a renovar, la cual al momento de solicitarse el ECMPO puede estar vigente hace varias décadas (por ejemplo, al tratarse de concesiones marítimas mayores). Las concesiones marítimas son esenciales para materializar proyectos de actividades económicas reguladas previamente y ciertamente, indispensables para el correcto desarrollo económico del país.

Con todo, estimamos que se debe coordinar la actuación de los diferentes organismos públicos (Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), involucrados en el procedimiento reglado por la Ley N°20.249, en el sentido de determinar y examinar adecuadamente el momento en que un requerimiento de concesión marítima debe o no ser suspendido, debiendo procurar por la debida compatibilización de todos los usos posibles del borde costero, en las distintas áreas y zonas, promoviendo su desarrollo armónico, integral y equilibrado, tal como lo prescribe la Política Nacional del Uso del Borde Costero, tópicos que ciertamente serán ponderados por la Comisión Regional del Uso del Borde Costero en su debido momento procedimental y en el evento de haberse acreditado el uso consuetudinario en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

Un elemento importante a considerar es el real cumplimiento de los plazos legales entregados a los citados organismos públicos para elaborar los informes de sobreposición cartográfica (Subsecretaría de Pesca y Acuicultura tiene un plazo de dos meses para requerir informe a: la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante y Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura) y el informe de acreditación del uso consuetudinario (Conadi posee un plazo de un mes para emitir informe), los cuales en la actualidad distan considerablemente de lo expresado en la normal legal en comento, pudiendo demorar años en una respectiva resolución.

Actualmente las solicitudes ECMPO, al no tener límites legales para concretar sus requerimientos, materializan sus peticiones abarcando una gran cantidad de hectáreas en superficie en los diversos sectores de interés. En esta dirección, resulta dificultoso mantener esta práctica a futuro, dado el perjuicio que se provoca ante la paralización de proyectos vinculados a los rubros pesca y acuicultura, energía, minería, telecomunicaciones y aún, dependientes de importantes programas gubernamentales, como lo representa la nueva Ley de Caletas Pesqueras (Ley N°21.027), la regulación de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) y toda otra destinación marítima requerida por un organismo público para la ejecución de obras en el borde costero del Litoral, siendo urgente la realización de un profundo análisis y revisión por parte de la Administración y en particular del Poder Legislativo, con la finalidad de conciliar los diferentes intereses y usos a implementar en esta importante franja del territorio nacional.

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La batalla contra la pesca ilegal va con todo, aseguran los entes fiscalizadores.

Pesca ilegal, mucho más que un daño a la economía y a los pescadores artesanales, es un gran daño para la seguridad alimentaria. Es que un cargamento sin acreditación de origen legal (AOL) transportado sin cadena de frío, sin conocer procedencia, significa un gran riesgo para la salud de la población, pero también atenta contra la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos, una importante fuente de alimento. La pesca ilegal no respeta vedas ni cuotas, por esto y muchas razones más es que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Armada están en un fuerte combate en contra de quienes practican este ilícito.

Es así como este jueves 2 de abril la Armada llevó a cabo una actividad a bordo de la fragata FF-15 "Almirante Blanco Encalada", buque que forma parte de la Escuadra Nacional con Puerto Base en Valparaíso, que durante estos días se encuentra navegando por la región de Los Lagos. La actividad consistió en dar a conocer el trabajo en conjunto de la Armada con el Sernapesca tras la Operación de Fiscalización Pesquera Oceánica, es decir, en zonas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE), áreas de responsabilidad y áreas protegidas. Operativo que se llevó a cabo desde el 14 de abril hasta el 3 de mayo con apoyo de la fragata "FF Blanco". Los operativos que se han llevado a cabo para combatir la pesca ilegal, han sido principalmente fiscalizando a embarcaciones extranjeras, así como pesqueros nacionales, industriales y artesanales.

Si bien las embarcaciones extranjeras fiscalizadas por personal de este buque en el último tiempo han cumplido con la ley, "es fundamental hacer presencia naval respecto a las autoridades que deben estar asegurando los recursos que son del Estado, y me refiero netamente a los recursos naturales que tenemos ahí relacionados con la pesca", enfatizó el gobernador marítimo de Puerto Montt, capitán de navío LT Héctor Aravena.

Además, comentó que "también para nosotros es una proyección mostrar nuestras capacidades hoy día con las que cuenta la Armada de Chile en una actividad con buques polivalentes que permiten operar no solo en las actividades de defensa nacional, sino que también contribuyendo en lo que son los intereses de la nación, los intereses marítimos. Por lo tanto para nosotros es tremendamente importante que los buques estén participando, así como también los medios aeronavales que se visualizaron ahí en la exposición, y con ello estamos contribuyendo sin duda a que se cumpla el estado de derecho en todas partes como dicen las leyes".

En este sentido es trascendental que las personas que realizan pesca ilegal, ya sean extranjeros o chilenos, sepan que se están realizando fiscalizaciones reales, con unidades que están presentes en el área. Esto, con el fin de prevenir y disuadir a quienes desarrollan estas prácticas ilegales y del mismo modo evitar que embarcaciones industriales puedan ingresar al área jurisdiccional de Chile.

El director regional del Sernapesca Los Lagos, Eduardo Aguilera, destacó el trabajo colaborativo entre las instituciones que trabajan como socios estratégicos: "Esto da cuenta de la determinación del Estado de Chile para combatir la pesca ilegal. El Estado de Chile a través de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) ha determinado que tanto la Armada como Sernapesca y también Carabineros, somos las instituciones llamadas a la fiscalización de este cuerpo normativo".

La batalla contra la pesca ilegal va con todo, aseguran los entes fiscalizadores. Por su parte la Armada no solo está operando con las unidades de litoral, sino que además con unidades de la escuadra y de este modo poder realizar fiscalizaciones en todo el mar territorial y también fuera de la ZEE, esto en el marco de "los convenios internacionales que ha suscrito nuestro país en el decidido combate a la pesca ilegal en el cual nuestro país es líder a nivel latinoamericano y esperamos poder seguir realizando este tipo de fiscalizaciones y por cierto Sernapesca brindando el máximo apoyo a la instituciones que son nuestros socios estratégicos, como es la Armada en este caso, para poder tener un combate efectivo contra este flagelo que afecta el sustento de nuestros pescadores artesanales y sus familias", concluyó Eduardo Aguilera.

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Los resultados fueron publicados en la revista internacional Journal of Aquatic Food Product and Technology bajo el título de "Identification of Polyphenols from Chilean Brown Seaweeds Extracts by LC-DAD-ESI-MS/MS".

AQUA - Recientemente compuestos antioxidantes han sido descubiertos en algas chilenas, cuyos resultados han sido publicados en el Journal of Aquatic Food Product and Technology, los cuales son parte de la tesis doctoral de la bióloga marina Carla Olate junto con otros destacados científicos de la Universidad de Chile.

Dicho estudio logró caracterizar perfiles polifenólicos de los extractos de tres especies de algas pardas: cochayuyo (Durvillaea antárctica), huiro negro (Lessonia spicata) y huiro flotador (Macrocystis integrifolia), recursos marinos que se distribuyen ampliamente en las costas chilenas.

Los compuestos antioxidantes identificados se centran en florotaninos, compuestos activos presente exclusivamente en algas pardas, y en flavonoides, que son los antioxidantes que están presentes en plantas terrestres.

"En D. antárctica y L. spicata fueron identificados florotaninos en diferentes grados de polimerización. Una gran variedad de compuestos flavonoides también fueron identificados en las tres especies de algas", explicó Carla Olate.

La científica también detalló que "compuestos como luteolina y quercetina, poseen alta capacidad antioxidante, moléculas capaces de prevenir o retrasar la oxidación capturando radicales libres, lo que previene enfermedades como el cáncer, están presentes en dichas especies de algas. La importancia de la identificación de polifenoles en extractos de algas chilenas abre una innovadora oportunidad para su uso en la industria alimentaria y farmacéutica".

Este relevante hallazgo permite revalorar este importante recurso marino que son las algas de nuestro país, las que se encuentran presente a lo largo de la costa. Además fueron realizadas diferentes pruebas antioxidantes a los extractos de las tres especies de algas estudiadas, observando que todas poseen capacidad antioxidante que hasta ahora eran desconocidas en Chile.

"La relevancia de este reciente descubrimiento reside en la identificación, por primera vez en Chile, de estos compuestos en las tres especies de algas marinas estudiadas, que junto con la actividad antioxidante de estas mismas, presentan un hallazgo científico que abre nuevas oportunidades para su uso en la industria farmacéutica y nutricional, y su consecuente beneficio para los pescadores artesanales dedicados a esta importante actividad productiva, además de su indiscutible contribución en la economía nacional", concluyó Carla Olate.

 

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